MARTA EUGENIA DÁVILA GARCÍA

Empezaré diciendo que si la ONU está descontextualizada en el tema de las desapariciones en México como lo asegura la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entonces debo aceptar que yo como ciudadana y como periodista estoy descontextualizada, al igual que el empresariado, las iglesias, los organismos cúpula, los sectores productivos, los medios de comunicación, las ONGs, las Asociaciones Civiles, los organismos internacionales y hasta familiares y amistades de las personas desaparecidas.
¡Hágame usted el favor! y yo me pregunto y le pregunto a la Presidenta de la CNDH ¿Cómo pueden negar que de facto existe una crisis de desapariciones en México cuando más de 127 mil personas se encuentran desaparecidas y no localizadas? según cifras oficiales, datos en los cuales sin duda además hay un persistente subregistro.

Toda esta polémica se desató cuando por primera vez en la historia, La ONU anunció hace unos días el inicio de un procedimiento por crisis de desapariciones forzadas en México, buscando que dichos casos se expongan ante la Asamblea General de ese organismo, al considerar que se trata de desapariciones sistemáticas o generalizadas.

Lo anterior fue expuesto a través del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED por sus siglas en inglés), al considerar grave la situación que se vive en nuestro país; incluso se ha mencionado que la ONU podría llamar a una sesión urgente para abordar este flagelo.
El presidente del CED, Olivier de Frouville, precisó que la decisión fue tomada con base en el artículo 34 de la Convención Internacional sobre desapariciones forzadas que establece: “Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión —con carácter urgente—, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas’’. Cabe mencionar que México es Estado Parte de la ONU.

Una de las voces más serias y reconocidas en este tema es la de Amnistía Internacional México, organización no gubernamental que recién manifestó una enérgica postura ante la negación de la CNDH de que se vive una crisis de desapariciones en México y que éstas sean consecuencia de una política de Estado.

Amnistía Internacional México señala que de las más de 127 mil personas que se encuentran desaparecidas y no localizadas, la gran mayoría fueron desaparecidas entre 2007 y la actualidad. Cabe mencionar que Rosario Ibarra titular de la CNDH acepta que hay registro de más de 120 mil desapariciones, pero que “datan del año 1950 y que no son atribuibles a una política de estado”.
En su posicionamiento, Amnistía Internacional México afirma que familiares de personas desaparecidas usualmente enfrentan graves riesgos, como amenazas, extorsión, problemas de salud, dificultades económicas, e incluso, asesinato, por lo que negar la magnitud de esta crisis es ignorar a las víctimas, deslegitimar la labor de sus familias y organizaciones que exigen verdad y justicia, y obstaculizar cualquier avance significativo.

Amnistía Internacional México hizo un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a reconocer públicamente la gravedad del fenómeno, establecer canales de diálogo respetuoso con la sociedad civil y asumir un rol activo para impulsar soluciones coordinadas, centradas en la protección de los derechos humanos.

Por su parte, La Secretaría de Gobernación afirmó que el gobierno “no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado”.
Destacó que está comprometido con el respeto irrestricto de los derechos humanos y con la atención de las causas de la violencia. Y con base en lo anterior la Segob manifestó su compromiso para combatir ese flagelo.

Informe Human Rights Watch
Para septiembre de 2024 más de 115 mil personas estaban consideradas como desaparecidas. La mayoría desaparecieron a partir de 2006. Muchos podrían haber sido asesinados y enterrados en las casi 5,700 fosas clandestinas que activistas y autoridades han descubierto. Alrededor de 53 mil restos humanos estaban almacenados, a la espera de ser identificados para finales de 2022.
Otras personas podrían haber sido catalogadas como “no identificadas” y enterradas en fosas municipales por las autoridades. En septiembre, periodistas reportaron que más de 72 mil restos humanos habían sido marcados como no identificados por morgues estatales entre 2006 y 2023. La mayoría habían sido enterrados en fosas municipales. En 2022, alrededor de 15 mil restos humanos procesados por las morgues no fueron identificados.

Cuando las familias denuncian las desapariciones, las autoridades a menudo no cumplen con su obligación de investigar. Las familias de las víctimas han formado más de 230 “colectivos de búsqueda” para investigar las desapariciones. Los miembros de estos colectivos buscan en prisiones, hospitales, morgues y con cierta frecuencia localizan y desentierran fosas clandestinas. A menudo enfrentan amenazas y violencia. En febrero, organizaciones de derechos humanos denunciaron —en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— que 16 miembros de estos colectivos habían sido asesinados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.