MARÍA DOLORES OTERO CERDEIRA
Antes de hablar de una reforma judicial en México, es fundamental comprender la división de poderes, las razones históricas que la originaron, las consecuencias de su alteración y la esencia del Poder Judicial en un Estado democrático. Además, es necesario analizar el uso incorrecto del término “democracia” frente a la “demagogia” para entender las motivaciones detrás de esta reforma impulsada por el gobierno mexicano.
La División de Poderes: Origen y Relevancia
La división de poderes surgió como un mecanismo para frenar el absolutismo y evitar el abuso de poder por parte del Estado. Su objetivo principal era garantizar un equilibrio en el gobierno y proteger la libertad de la población. Se fundamenta en la idea de que la concentración del poder en una sola persona o entidad conduce inevitablemente al despotismo. Por ello, se convirtió en un principio esencial en los Estados democráticos.
En México, la división de poderes se estableció formalmente en la Constitución de 1824, in-luenciada por la Independencia de 1810, que buscaba eliminar el absolutismo virreinal impuesto por el gobierno español. También influyó la monarquía autoritaria de Agustín de Iturbide, cuya concentración de poder generó descontento popular. Posteriormente, con la Constitución de 1917, tras la Revolución Mexica-na, se consolidó un régimen republicano con una división de poderes más sólida, asegurando la autonomía e independencia del Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Actualmente, la división de poderes es clave para prevenir el autoritarismo y el abuso de poder, permite mecanismos de control y rendición de cuentas, reduce la corrupción y fomenta la transparencia y el acceso a la información pública.
El Papel del Poder Judicial
El Poder Judicial actúa como un árbitro entre el Ejecutivo y el Legislativo, evitando decisiones arbitrarias y garantizando la aplicación justa e imparcial de las leyes. Además, protege la Constitución y los derechos humanos. Su independencia es esencial para garantizar el Estado de derecho, preservar la democracia y prevenir la impunidad y la corrupción.
La Reforma Judicial de 2024
La reforma judicial promulgada en septiembre de 2024 propone cambios radicales en la estructura del Poder Judicial. Los principales argumentos para su implementación son:
El Nuevo Modelo de Elección Popular del Poder Judicial
La reforma establece que, a partir del 1 de junio de 2025, los ciudadanos elegirán por voto popular a:
• 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia.
• 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral.
• 5 miembros del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
• 464 magistrados de Circuito.
• 386 jueces de Distrito.
Posibles Consecuencias de la Elección Popular del Poder Judicial
El nuevo sistema de elección podría generar las siguientes problemáticas:
Democracia vs. Demagogia
El gobierno mexicano justifica esta reforma en nombre de la democracia, pero ¿realmente se está fortaleciendo la democracia o se está imponiendo una forma de demagogia? Para responder esta pregunta, es necesario diferenciar ambos conceptos:
En este contexto, la reforma judicial no parece fortalecer la democracia, sino que atenta contra el Estado de derecho y la independencia del Poder Judicial.
Concluyendo, nos podemos preguntar si ¿es la Reforma Judicial la Mejor solución?
La mejor manera de garantizar jueces, magistrados y ministros justos no es mediante la elección popular, sino asegurando un sistema de selección basado en méritos, conocimientos jurídicos, experiencia y autonomía.
Una alternativa más efectiva para reformar el Poder Judicial sería:
La división de poderes sigue siendo esencial para un buen gobierno, la estabilidad política y la protección de la democracia. Su correcto funcionamiento asegura que las instituciones trabajen en beneficio de la sociedad y no de intereses particulares.
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