La presión internacional sobre México para frenar el tráfico de fentanilo y el flujo migratorio se ha convertido en un factor clave para la intensificación de las acciones contra el crimen organizado en el país.

Tras las amenazas de represalias de parte del gobierno de Donald Trump, que prometió imponer aranceles elevados si no se detenía el suministro de fentanilo hacia Estados Unidos, las autoridades mexicanas han incrementado sus esfuerzos en la lucha contra los cárteles.

En los últimos cinco meses, las autoridades mexicanas han incautado la misma cantidad de fentanilo que durante todo el año anterior. A su vez, se han realizado cerca de 900 detenciones solo en el estado de Sinaloa, desde octubre.

Este aumento de las acciones ha causado que, por primera vez en años, los miembros del cártel sientan una amenaza real de ser capturados o incluso asesinados por las fuerzas del orden.

“Los grupos del crimen organizado no habían sentido este tipo de presión en muchísimo tiempo”, comentó Jaime López, analista de seguridad.

A pesar de estos esfuerzos, algunos expertos advierten que la caída de la producción en Culiacán no necesariamente afectará el flujo de fentanilo hacia el norte, ya que el cártel podría trasladar sus operaciones a otras áreas, dada la facilidad de fabricación de la droga.

Soborno a funcionarios

Por otro lado, varios miembros del cártel indicaron que la razón por la que el gobierno mexicano no había tomado medidas más severas contra ellos hasta ahora era por los sobornos a funcionarios públicos.

Un líder de una célula del cártel expresó dudas de que el actual esfuerzo del gobierno afecte realmente al grupo, sugiriendo que podrían garantizar su supervivencia mediante pagos a funcionarios clave.

Cabe señalar que las entrevistas realizadas por The New York Times no revelan la identidad de los entrevistados ni detalles específicos sobre los funcionarios presuntamente sobornados.