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El gobierno del presidente Donald Trump presiona al de México para que investigue y procese a políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado, y para que los extradite a Estados Unidos si existiesen cargos penales allí, según fuentes familiarizadas con el asunto.
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Las solicitudes -planteadas al menos en tres ocasiones por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y su equipo en reuniones bilaterales y conversaciones con funcionarios mexicanos- buscan presionar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que investigue a funcionarios y lance una ofensiva sin precedentes contra la narcocorrupción, según cuatro personas familiarizadas con el asunto.
En las discusiones, los funcionarios estadounidenses han pedido acciones contra varios políticos del propio partido Morena, de Sheinbaum, incluso amenazando con imponer más aranceles si México no toma medidas, afirmaron dos de las fuentes. Sin embargo, las conversaciones no se han reportado previamente.
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La administración de Trump ha justificado su imposición de aranceles a México en la creciente influencia de los cárteles sobre el gobierno del país latinoamericano.
Una ofensiva -que podría afectar a funcionarios de alto rango mientras estén en el cargo- marcaría una drástica escalada en los esfuerzos de México contra la corrupción relacionada con el narcotráfico. Sin embargo, conlleva riesgos políticos para Sheinbaum, ya que algunas de las acusaciones involucran a miembros de su propio partido, según declaró a Reuters un miembro de su gabinete de seguridad.
La solicitud estadounidense se planteó inicialmente en una reunión en Washington el 27 de febrero, encabezada por Rubio y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, según informaron las cuatro personas familiarizadas con el asunto.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y otros funcionarios de los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, así como del Tesoro, asistieron a la junta, indicaron las cuatro personas. El fiscal general de México, Alejandro Gertz, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, también estuvieron presentes.
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La Presidencia de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General mexicana y la Secretaría de Seguridad no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las conversaciones. La Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos tampoco respondieron a los pedidos de comentarios sobre las pláticas.
También, el Departamento de Justicia de Estados Unidos declinó comentar.
México envió a 29 figuras de cárteles a Estados Unidos a fines de febrero -la mayor entrega de este tipo en años- tras las amenazas de Trump de imponer aranceles generalizados a los productos mexicanos. Según dos de las fuentes, en las pláticas también se discutió la posibilidad de agilizar la captura y/o deportación de objetivos prioritarios de la DEA y el FBI.
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Como parte de las conversaciones, dos de las personas familiarizadas con el asunto indicaron que funcionarios estadounidenses también plantearon la idea de nombrar a un zar estadounidense del fentanilo para que se comunique directamente con el equipo de Sheinbaum sobre los avances en la lucha contra el opioide sintético que ha dejado una estela de muertos por sobredosis en Estados Unidos.
Washington también presionó a México para que realizara inspecciones más exhaustivas de la carga y los viajeros con destino a Estados Unidos en la frontera entre ambos países, uno de los cruces más transitados del mundo.
Presuntos vínculos con cárteles
Aunque la Fiscalía General de México es independiente del gobierno de Sheinbaum según la Constitución del país, Washington ha acusado durante mucho tiempo a México de proteger a políticos presuntamente vinculados con los cárteles.
Los gobernadores estatales en funciones y los legisladores federales gozan de inmunidad procesal para la mayoría de los delitos y sólo pueden ser procesados por delitos federales graves, como narcotráfico o crimen organizado, si lo autoriza el Congreso.
Reuters no pudo determinar si Estados Unidos proporcionó a México una lista de políticos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado ni pruebas en su contra.
Sin embargo, dos de las fuentes afirmaron que en las pláticas se mencionaron a cinco funcionarios actuales de Morena y un exsenador, incluyendo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
Ávila anunció en sus redes sociales el 11 de mayo que Estados Unidos les había revocado las visas de turista a ella y a su esposo . No explicó el motivo y afirmó que la cancelación era “una injusticia”. El Departamento de Estado y la embajada de Estados Unidos en México no se han pronunciado sobre el caso.
Perseguir a políticos en funciones se ha considerado desde hace tiempo una línea roja en México, según cinco diplomáticos acreditados en el país latinoamericano. Si bien en ocasiones se ha arrestado y procesado a políticos mexicanos por corrupción en Estados Unidos, esto sólo ha ocurrido después de que dejaran el cargo.
En 2020, la detención del exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles a petición de la DEA desató una crisis diplomática y frenó la cooperación entre ambos países en materia de narcotráfico.
Estados Unidos retiró los cargos y Cienfuegos regresó a México, donde no ha sido procesado.
