POR: GUILLERMO TORALES CABALLERO

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera que los migrantes tienen derechos humanos por su condición de personas, y que el derecho internacional establece puntualmente sus deberes y prerrogativas. Asimismo, este organismo también consensuó el llamado “Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular”, un documento que busca mejorar la cooperación internacional en materia de migración y fortalecer la contribución de los migrantes al desarrollo sostenible.

Este Pacto Mundial establece compromisos de la máxima importancia, como:

• Garantizar los derechos de los migrantes a la información y a la identidad legal.

• Proteger el derecho al trabajo decente y otros derechos laborales de los inmigrantes.

• Combatir el contrabando y la trata de personas.

• Respetar los derechos humanos en las fronteras.

El Pacto Mundial es un documento no vinculante –es decir, no obligatorio–, por lo que respeta la soberanía de los Estados o naciones para gestionar sus fronteras y sus políticas migratorias. Y es aquí, justamente, donde el tema de la migración se convierte en un problema entreverado y acaso irresoluble o, cuando menos, un desafío difícil de resolver al corto plazo, especialmente cuando dicho tema se inscribe en la relación bilateral México-Estados Unidos, en medio de una beligerante campaña por la presidencia norteamericana donde el tema migratorio y México representan la “piñata” soñada a la cual hay que golpear para obtener el mayor número de votos del electorado norteamericano, quien ubica al tema migratorio en el tercer lugar de sus prioridades, luego de la economía y el aborto.

En el pasado reciente, el quehacer diplomático del gobierno de Andrés Manuel López Obrador –un presidente aldeano que nunca quiso mirar la realidad allende nuestras fronteras– resultó un corolario de desafortunadas anécdotas, lo mismo vergonzosas que trágicas, como por ejemplo: claudicar en términos de “soberanía nacional” –uno de esos términos tan manidos como polisémicos, según la conveniencia política del gobierno en turno– donde México, amenazado por el presidente Donald Trump con imponer mayores tasas arancelarias a nuestras mercancías si no se actuaba represivamente contra los incesantes flujos migratorios –mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, africanos…– tuvo que doblar las manos ante el gobierno de los Estados Unidos –“Nunca he visto a nadie doblarse así”, alardeó Trump, el “amigou” de AMLO, ante su feligresía– y convertirse de facto en un “tercer país seguro” –mecanismo internacional que mandata acoger en un país a quienes solicitan asilo en otro, cargando con todos los gastos económicos, humanitarios y políticos–. 

¿Ya olvidamos el programa trompiano “Quédate en México”? Además, AMLO aceptó movilizar a numerosos efectivos del Ejército mexicano en nuestra frontera norte –27 mil soldados, aseguró el “Hombre Naranja” ante sus bases, con su hiperbólico estilo discursivo–, haciendo así que México cumpliese el trabajo sucio de policía del traspatio norteamericano.

Otro ejemplo de las erráticas decisiones obra-doristas en materia migratoria –nunca una sólida, clara y articulada política migratoria– fue el trá-gico confinamiento de personas en estaciones migratorias, cuasi cárceles, sin suficientes medidas de seguridad ni de protección humanitaria acordes a los protocolos internacionales, cuya expresión más siniestra y criminal se manifestó aquel 27 de marzo de 2023 en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 40 migrantes murieron calcinados al desatarse un incendio al interior del lugar. Sin embargo, el infame responsable que acusó irresponsabilidad en su función, Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), fue arropado y exculpado en su momento por el presidente en turno y luego por la actual mandataria. Vaya, por eso se dice que “México es un país surrealista donde todo puede pasar y al final no pasa nada”…

Este par de lamentables sucesos, emblemáticos de la incompetencia del obradorato, dan cuenta de su falta de visión estratégica, especialización técnica y compromiso internacional con el tema migratorio, donde van de por medio miles y miles de vidas. Si AMLO no supo, no pudo o no quiso diseñar una verdadera política migratoria que enfrentara o, al menos, mitigara los dolorosos sucesos que a diario reporta la prensa en esta materia, solo nos queda el legítimo derecho a esperar que el nuevo gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo eche mano de verdaderos especialistas, técnicos competentes en el diseño institucional de dicha política migratoria en el contexto de la relación bilateral México-Estados Unidos.

A lo anterior, hay que sumar lo surgido durante las recientes campañas por la presidencia de los Estados Unidos que pusieron en boca de ambos contendientes, Kamala Harris, por el Partido Demócrata, y Donald Trump, por el Republicano, temas muy sensibles de la agenda migratoria entre México y nuestro vecino del norte, abordados y expuestos bajo el signo ideológico de cada partido y con sus personalísimos intereses electorales.

Aquí hay que poner el foco en el voto latino, mismo que ya alcanza unos 36 millones de electores; de ellos, el voto mexicano es difícil de prever pues, aunque parezca contradictorio, no todos piensan en votar por la demócrata Kamala Harris, sino que una buena parte de nuestraos paisanos están dispuestos a sufragar por el republicano Donald Trump, con base en los principios conservadores y religiosos que comparten con él y su partido, así como por sentir que su beligerancia es sinónimo de honestidad y determinación, además de considerar que es el único que puede darle viabilidad económica a su “sueño americano”. Hay que diferenciar, también, que no es lo mismo el voto mexicano de un residente de California o Nueva York, al de uno de Texas o Arizona.

Algunos de los puntos rojos de la agenda migratoria bilateral México-Estados Unidos, son:

El estatus jurídico de los mexicanos indocumentados o “ilegales”, quienes junto con los “legales” alcanzan casi los 40 millones de connacionales –de ahí que se diga pícaramente que ya representan nuestro “estado número 33”–, quienes además de ser una fuerza productiva estratégica en la economía norteamericana –México y Estados Unidos son, recíprocamente, su mejor socio comercial, cuyo cordón umbilical es el TEMEC–, constituyen también una rebanada muy apetecible del electorado, pero que aún  no cuentan con la posibilidad de obtener, al menos en el corto ni mediano plazo, una residencia legal y permanente en ese país.

La construcción en la frontera norte de obstáculos físicos y retóricos que impiden no solo la migración, sino toda relación bilateral, por ejemplo: el muro de Trump –“México pagará por el muro”, sigue insistiendo–, las peligrosas boyas aserradas en el río Bravo ordenadas por Greg Abbott, gobernador de Texas, los enormes contenedores metálicos del ex gobernador del estado de Arizona, Doug Ducey, o los venenosos discursos xenófobos de Ron De Santis, gobernador de La Florida, que no hacen más que criminalizar a los migrantes y fomentar el odio en contra de ellos.

El conmovedor caso de los “dreamers” –entre 600 mil y 800 mil jóvenes soñadores de origen mexicano, radicados allá, pero indocumentados–, quienes aspiran a vivir, estudiar y trabajar en mejores condiciones. Sus movilizaciones y demandas han atraído la atención de la sociedad norteamericana y de los medios, pero aún no se les ha dado una respuesta clara y satisfactoria. Ni siquiera la candidata Harris, llamada por el presidente Joe Biden la “Zar de la Frontera”, se comprometió a garantizarles la ciudadanía ni un mejor futuro en aquel país. Por su parte, para el candidato Trump la palabra “mexicanos” simplemente es sinónimo de animales, criminales, asesinos, violadores, narcotraficantes… y un racista etcétera, quien además amenazó con impulsar la deportación de 11.5 millones de migrantes, la más grande de su historia.

Al momento de entregar este artículo, aún no se declara oficialmente al ganador o ganadora de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Pero hay más de un analista que advierte que con cualquiera de los dos nada bueno aguarda a nuestros compatriotas ni a nuestro país en el tema migratorio, pues ambos coinciden, con diferente gradación, en endurecer los mecanismos de control; en todo caso, se asegura, con una nos iría mal y con el otro nos iría peor.

Visto así, no nos queda más que hacer la tarea en esta materia y comenzar por elaborar un exhaustivo diagnóstico del tema migratorio con base en un mapeo estadístico que refleje la realidad de hoy, que incluya tanto a los mexicanos como a los de otros países expulsores que cruzan nuestro territorio; dicen que “un buen diagnóstico representa la mitad de la solución”. También importa darle contexto internacional al tema, especialmente con una perspectiva de derechos humanos, como lo mandata la ONU, ya que es inviable una solución local a un problema regional. En este sentido, los tratados y compromisos adquiridos por México no pueden ignorarse y, menos aún, violarse, en aras de una supuesta soberanía nacional.

Mucho es el trabajo que aguarda al canciller Juan Ramón de la Fuente y al equipo que lo acompaña en Relaciones Exteriores, quienes en un trabajo coordinado con la Secretaría de Gobernación y el INM, entre otras áreas del gobierno federal y de los gobiernos locales, deberán intercambiar información y sinergizar esfuerzos con las numerosas organizaciones no gubernamentales preocupadas y ocupadas en proteger a los migrantes, las cuales mucho tienen qué decir, qué hacer y qué aportar para, ahora sí, migrar hacia una verdadera política migratoria en el contexto de la agenda bilateral México-Estados Unidos, cuya relación suma 202 años.