Por: Alejandro Romero Barrios.

La violencia visitó una vez más la urbe de hierro y decidió madrugar para asegurarse de impactar algo más que la agenda informativa del día, la tranquilidad de los capitalinos.
Así, la mañana del martes 20 de mayo, cuando las manecillas del reloj marcaban las 7:13 hrs., número cabalístico, un sicario arrebató la vida a dos altos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México (CDMX).
La sorpresa inundó a la opinión pública nacional e internacional, seguramente, al igual que a Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, secretaría particular y asesor de la jefa de gobierno, Clara Brugada, quienes, según los videos que circulan en medios de comunicación digitales, no tuvieron tiempo de reaccionar frente el brutal y certero ataque que logró arrancarles la vida.
Hecho que resulta incomprensible, por la magnitud de los hechos y porque se supone ambos funcionarios no manejaban información sensible en materia de seguridad pública e investigación estratégica. Aunque algunos expertos en seguridad como Óscar Balderas, afirman que José Muñoz realizaba acciones de vinculación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Palacio del Ayuntamiento, manteniendo un acceso privilegiado a información sensible sobre operativos contra estructuras delictivas.
El hecho ocurrido en avenida Tlalpan y calle Napoleón, democratiza la violencia en la capital del país, pues ahora, ciudadanos como funcionarios públicos pueden ser atacados por el crimen organizado.
Un ataque que obliga a la sociedad mexicana a poner los ojos en la política de seguridad capitalina que hasta ese momento parecía marchaba bien, como parte de una administración que a pesar de buscar mantener un perfil bajo frente a los enormes desafíos que enfrenta el país y su centro neurálgico del poder: la CDMX.

CIFRAS OFICIALES
Con anterioridad a este terrible suceso, la jefa de gobierno Clara Brugada Molina y el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, habían hecho público que los delitos de alto impacto disminuyeron un 66% en los últimos siete meses. Los homicidios dolosos han caído 49% y los asaltos en microbús se han desplomado 80%.
Al respecto de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, también hicieron públicas las cifras del reporte de la organización Causa en Común, diseñado con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que asienta que los homicidios dolosos en la capital del país pasaron de 34 mil 662 en 2018 a 30 mil 568 en 2023.

LA RESPUESTA
La fiscal Bertha Alcalde y el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, autoridades locales, fueron muy claros en los motivos que fundaron la agresión, fue un ataque directo con un alto nivel de planeación, realizado de manera concertada por un grupo experto que incluía a un sicario mismo que utilizó un arma “limpia”, además, sin dejar rastros de huellas dactilares en los vehículos utilizados (una motocicleta y dos camionetas), robados.
El móvil es claro que no fue un robo, porque el asesino jamás se interesó por lo material y nunca buscó las pertenencias de los funcionarios públicos.
Para Oscar Balderas en entrevista con Luis Cárdenas (MVS), aseguró que “Yo estoy casi seguro de que se trató del crimen organizado, que puede llegar sin ningún problema hasta el primer círculo de la jefa de Gobierno y mandar un mensaje clarísimo”.
Clara Brugada, afirmó que “no habrá impunidad. Los responsables serán detenidos y deberán enfrentar a la justicia. Desde el gobierno de la Ciudad de México enviamos condolencias a sus familiares y seres queridos, además se brindará todo el apoyo necesario”.
También, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, giró instrucciones para que el gobierno de la CDMX reciba apoyo del Centro Nacional de Inteligencia para llegar al fondo del homicidio doble.

SHEINBAUM Y BRUGADA
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, le recordó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, en una reunión que no está sola y fortaleció el compromiso y colaboración para esclarecer los hechos.

CONTEXTOS
Este asesinato se da en un contexto muy particular:
1.- Un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum recibiera a Ronald Johnson con sus cartas credenciales en Palacio Nacional que lo acreditan como embajador de Estados Unidos en México. Johnson, es un perfil duro y de mucha experiencia en materia de seguridad regional y global que viene a cumplir una agenda en materia de seguridad, porque México forma parte de la frontera geoestratégica estadounidense.
2.- En el que México se está enfrentando a la presión del presidente Donald Trump, con aranceles y sanciones que buscan que el gobierno de Sheinbaum cumpla con los resultados esperados por nuestro socio comercial en temas esenciales como: La lucha contra el fentanilo, la seguridad fronteriza y la contención de la migración.
Esperando que este hecho no sea un pretexto para buscar la intervención extranjera en nuestro país.
3.- También, que el asesinato se perpetró justo cuando la mandataria mexicana junto con el gabinete de seguridad, rendían su informe del estado que guarda la nación en la materia.

OTROS DATOS
Hablando de la ansiada paz, recurrimos al más reciente Índice de Paz México (IPM), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), que registra un avance en las estadísticas de la paz en México, mejorando en un 0.7% en 2024, “marcando el quinto año consecutivo de mejora moderada, después de cuatro años de deterioro pronunciado. El año pasado, 18 estados mejoraron su calificación en el IPM, mientras que 14 estados registraron deterioros”.
De los cuales, Colima es el “estado menos pacífico del país por tercer año consecutivo”, seguido de los “estados más violentos Guanajuato, Morelos, Baja California y Quintana Roo. En contraste, Yucatán fue nuevamente el estado más pacífico de México por octavo año consecutivo, seguido de Tlaxcala, Durango, Chiapas y Nayarit”.
“A pesar de las mejoras moderadas registradas en los últimos cinco años, México es considerablemente menos pacífico que en 2015. En ese periodo, la paz en el país se ha deteriorado un 13.4%, con muchos indicadores de delincuencia significativamente más altos que hace una década. Por ejemplo, la tasa de homicidios es 54.7% más alta que en 2015, mientras que la tasa de delitos cometidos con armas de fuego ha aumentado 71.2%.
“La actividad de la delincuencia organizada sigue siendo el principal impulsor de los niveles extremos de violencia en México. Desde 2007, el número anual estimado de homicidios vinculados a organizaciones criminales se ha multiplicado por más de seis, pasando de aproximadamente 3,000 muertes al año a cerca de 18,000 el año pasado. En contraste, los homicidios no asociados con la delincuencia organizada han mostrado pocos cambios en ese mismo periodo”.
El índice de Paz México concluye que gran parte de la violencia se desarrolla en el marco de una muy complicada relación bilateral México y Estados Unidos, principalmente, “producto de las actividades de los cárteles mexicanos para suministrar las drogas ilícitas que el enorme mercado estadounidense demanda, especialmente fentanilo”.
Las cifras concluyen que en la última década los delitos de narcomenudeo se han incrementado en más de 161% y que las extorsiones han aumentado 45.5%.
Al respecto del impacto económico de los niveles extremos de violencia en México, según el Índice “es alarmante”, por ejemplo, en 2024 el costo económico de la violencia aumentó por primera vez desde 2019. Se estima que el año pasado el “impacto económico de la violencia fue de 4.5 billones de pesos (USD 245 mil millones), equivalente al 18% del PIB de México. En términos per cápita, el impacto fue de 33,905 pesos, más que el salario mensual promedio de un trabajador mexicano. El año pasado, el impacto aumentó 3.4%, o 149 mil millones de pesos”.
En seguridad pública y en el sistema de justicia la inversión de México está muy por abajo de la media regional e internacional. México destinó en 2024, el 0.7% de su PIB a estos rubros, cantidad que es menor de la mitad del promedio tanto de América Latina como de los países de la OCDE.
Ahora que están las elecciones judiciales, en la búsqueda de enfrentar de manera “más eficaz el crimen y la violencia, el sistema judicial de México requiere mayor inversión. El país cuenta con un promedio de 4.4 jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes, una cifra equivalente a una cuarta parte del promedio mundial”.
Provocando “una gran cantidad de personas encarceladas sin haber recibido sentencia o juicio. El fortalecimiento del Poder Judicial es especialmente importante para combatir los altos niveles de impunidad”.
Hablando de impunidad en México, le comparto una cifra del informe del Índice Global de Impunidad 2024, realizado por la Universidad de las Américas, Puebla, que ubica a nuestro país entre los 15 países con mayor impunidad en el mundo.
Aunque México ha salido de la lista negra de los 10 países con mayor impunidad, es conveniente referir que esta salida se debe a que entraron más países al estudio y no precisamente a una mejora en los procesos de justicia nacionales.
Regresando a los resultados del Índice de Paz 2024,“aproximadamente 54% de los mexicanos consideran que el crimen y la violencia son la mayor amenaza para su seguridad en la vida cotidiana, la tercera tasa más alta del mundo”.
Parece que la tarea en materia sigue pendiente de resolver por los gobiernos de todos los niveles, sea el partido político que sea.
Finalmente, exponer públicamente que el deceso de los funcionarios del gobierno de la capital de México es muy lamentable y, debe sentar las bases para que Estado mexicano rediseñe una política pública en materia de seguridad pública coordinada, real, planificada y eficiente. Además, acorde a los desafíos que impone un mundo con una nueva arquitectura económica, política y en materia de seguridad.

Porque el desarrollo de México necesariamente tiene que pasar primero por la seguridad pública.