El cantante puertoriqueño Daddy Yankee objetó este miércoles la decisión del juez Anthony Cuevas de dar por concluido el pleito corporativo con su esposa Mireddys González, alegando que todavía no ha entregado toda la información de las empresas requerida.

Los abogados del artista presentaron una moción informativa ante el magistrado en la que indican que la carta gerencial entregada por González y su hermana Ayeicha es “genérica, sin ningún grado de especificidad, en donde se afirman hechos incorrectos o confusos”.

“Las codemandadas bajo juramento afirmaron haber provisto cierta información, cuando en realidad no lo hicieron; y afirmaron no tener información, que sí poseen”, lee la moción radicada por los letrados Carlos Díaz Olivo, Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg. 

La representación legal de Daddy Yankee señaló que habrá “repercusiones jurídicas de faltar a la verdad bajo juramento” y que las codemandadas “responderán por los daños que se le ocasione a las entidades ante sus incumplimientos e inacciones como funcionarias corporativas”.

El juez Cuevas decidió el lunes pasado que no era necesario que las hermanas González acudieran a las deposiciones pautadas para este mes de febrero con los abogados de Daddy Yankee porque consideraba que la carta gerencial contenía la información solicitada para que el cantante pudiera tener el control de las empresas.

El pleito por el control de El Cartel Records y Los Cangris Inc. comenzó después de que a mediados de diciembre pasado las hermanas González realizaran transferencias por la suma total de 100 millones de dólares desde las cuentas bancarias corporativas a cuentas personales de cada parte, sin conocimiento ni autorización del artista.

Los hechos ocurrieron después de que Daddy Yankee confirmara su separación de González tras casi tres décadas de matrimonio y dos hijos en común.

A finales de enero pasado, el cantante anunció que había contratado a la empresa experta en seguridad bancaria CCG Consultants LLC, liderada por Carlos Cases Gallardo, exjefe del FBI en Puerto Rico, para “ordenar” sus corporaciones