Una investigación de Proceso expone el operativo coordinado entre gobiernos afines a la 4T, Morena y la organización Construyendo Justicia, para controlar la elección judicial e imponer a candidatos mediante acordeones, amenazas a beneficiarios y un opaco esquema de financiamiento.

Las estructuras de los gobiernos federal, estatales y municipales de la 4T, las de Morena, así como la organización civil “Construyendo Justicia” operaron durante semanas para la elección judicial 2025 con el propósito de imponer una lista de candidatos afines, por quienes debieron votar el domingo 1 de junio último los beneficiarios de programas sociales, familiares de trabajadores y ciudadanos aliados en distintas regiones del país.

Proceso tuvo acceso a testimonios de viva voz o en redes sociales (de cuentas corroboradas) en varios estados (entre ellos, Chihuahua, Veracruz, Sonora, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Oaxaca, Tabasco, Puebla, Oaxaca, Estado de México, Ciudad de México y Morelos) que revelan cómo autoridades de alto nivel y del partido en el poder desplegaron diversas estrategias para controlar la reciente elección judicial.Noticias Relacionadas

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En esta jornada se emitieron sufragios por primera vez por nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 de sus salas regionales, cinco del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de Circuito y 386 jueces de Distrito. 

El objetivo de la estrategia de la 4T fue asegurar que los puestos sean ocupados por candidatos afines. 

Además, Proceso tuvo acceso a denuncias presentadas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), que también dan cuenta de estos hechos.

Como una agencia de colocación de candidatos

“Construyendo Justicia” es una organización ciudadana que al surgir fue anunciada como una iniciativa apartidista orientada a fomentar la participación ciudadana en la elección judicial. Según su página de internet (construyendojusticia.mx), “agrupa los esfuerzos de diversos sectores de la sociedad mexicana para proporcionar información oficial, dar a conocer opiniones, notas y artículos de análisis sobre la elección judicial del próximo 1 de junio, con el fin de incentivar una participación ciudadana libre e informada”.

Desde marzo último, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar presentó públicamente a Construyendo Justicia en diversos foros, acompañado por liderazgos locales de Morena en varios estados. En esos espacios se convocó a ciudadanos y militantes morenistas, y tras exponer los detalles de la iniciativa –aparentemente neutral– se conformaron comités estatales que integraron una red nacional.

De esa manera, desde la plataforma de “Construyendo Justicia”, legisladores en funciones, operadores estatales y aspirantes a cargos públicos construyeron una red paralela de promoción de candidaturas. Aunque se presentó como un ejercicio para que la ciudadanía conociera los perfiles de los candidatos, testimonios recogidos de aspirantes y colaboradores revelan que el verdadero trabajo político ocurrió fuera del escenario: en recesos, zonas reservadas o espacios informales donde se intercambiaron tarjetas, se tejieron vínculos estratégicos y se cerraron acuerdos de promoción cruzada.

Por ello, aunque no todos los aspirantes aparecieron como ponentes, su presencia recurrente como invitados o mediante representantes revela un nivel de integración más profundo en la operación política.

Mediante operadores de Construyendo Justicia se han cobrado sumas “de 100 a 400 mil pesos”, dijo una de las personas que dio su testimonio, por organizar actos, facilitar acceso a espacios públicos y gestionar cobertura mediática. 

Lo anterior, sugiere un esquema de financiamiento paralelo no fiscalizado, pese a que en los lineamientos establecidos por la autoridad electoral se prohibió expresamente realizar pagos para acceder a espacios o medios de comunicación, ya que ello comprometía los principios de equidad en la contienda y  esta práctica constituye una infracción.

Un candidato que declaró de manera anónima reconoció que Construyendo Justicia “es una organización para posicionar a quienes pueden pagar por el servicio, que incluye promoción y reuniones con grupos afines a Morena”.

Luego se construye un perfil como candidatos de la Cuarta Transformación, incluso con respaldo de la Presidencia. Se les pide apoyo.

De acuerdo con otro testimonio, en Construyendo Justicia “se crea una red para difundir el voto y generar listados de personas convencidas, como en los procesos ordinarios de Morena”.

Una colaboradora en Puebla detalló que “la plataforma fue presentada por Ramírez Cuéllar en un evento oficial con el diputado Alejandro Carvajal. Luego se consolidó el espacio”.

Otro candidato, al que le ofrecieron el servicio y respondió que no tenía recursos, precisó: “Carvajal invita a adquirir el servicio. Si no puedes pagarlo, te excluyen. A mí me pasó”.

Los testimonios en Puebla coincidieron en señalar que el equipo de Construyendo Justicia también recibió apoyo de la delegación Bienestar, dirigida por Rodrigo Abdala Dartigues, y de Uriel Figueroa Blazquez, quien organizaba eventos y difundía la información a municipios.

De acuerdo con los testimonios e información recabada por esta reportera, éstas son las personas señaladas e identificadas que cobraron por operar los “servicios de colocación de candidatos”: Mario Gabriel Rosas Juárez, jefe de la Unidad Departamental de Planeación Participativa de la Dirección General de Planeación y Participación Ciudadana en Iztapalapa, y Erick Ronquillo, en representación de un ciudadano llamado Ángel (presuntamente Ángel Ruiz), cuyo superior es Tomás Pliego Calvo, secretario de Atención y Participación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México.

Dentro de la organización hay operadores y servidores públicos que ocupan cargos medios en distintas dependencias estatales. Destaca Diego Alberto Hernández Gutiérrez, delegado de Bienestar del gobierno federal en la Ciudad de México, captado realizando tareas logísticas en actos de “Construyendo Justicia” y señalado por prometer prensa y apoyo de la Secretaría del Bienestar y de las bases sociales de la Cuarta Transformación.

El mismo esquema fue replicado en otros estados, adaptado a la etapa del proceso electoral según la participación de Ramírez Cuéllar. 

En Morelos, por ejemplo, a mediados de mayo último Cuéllar encabezó una reunión en Cuernavaca, acompañado por legisladores como Cindy Winkler Trujillo y Agustín Alonso, y el director de Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos, Marco Antonio Martínez Dorantes, entre otros personajes de Morena.

Al encuentro asistieron representantes del sector empresarial, personal médico, docentes, líderes sociales, agricultores, ganaderos, abogados y asociaciones civiles. Una persona invitada, que solicitó el anonimato, relató que Ramírez Cuéllar “habló a calzón quitado”.

“Nos dijo que estaba preocupado porque, a semanas de la elección, mucha gente no sabía que habría votación. Por eso pidió apoyo para garantizar que se cumpla el mandato presidencial. Dijo: ‘Necesitamos su apoyo. Que cada persona aquí traiga una lista con nombres y credenciales para asegurar que vayan a votar’”.

Algunos asistentes le dijeron lo complicado de movilizar personas en tan poco tiempo. Como respuesta, Ramírez Cuéllar propuso:

“Tal vez podríamos considerar tener una reunión especial posteriormente, para revisar qué nos falta y asegurar que todas las personas representantes de asociaciones estemos organizadas. Primero, para informarles; y segundo, para garantizar la presencia de todas y todos los integrantes de estos grupos en la jornada electoral del primero de junio”, se escucha en una grabación en poder de Proceso.

Otra persona, testigo en esa reunión, comentó que también se habló de lo difícil que sería movilizar votantes, pues muchos no conocen a los candidatos ni cómo votar.

“Respondió un hombre mayor, canoso y de tez blanca. No recuerdo su nombre, pero dijeron que es cercano a Andrés Manuel y tiene peso en Morena. Dijo que se vale llevar un acordeón, pero recomendó hacerlo con cuidado”.

En la grabación se escucha su voz pausada:

“Hay que ser prudentes. Como es difícil recordar todas las candidaturas y colores, está permitido llevar anotada la preferencia. Eso ayuda a votar con claridad, pero debe hacerse con discreción para que no parezca propaganda fuera de la casilla”.

Ese día se pactó una nueva reunión para un par de días después, donde cada persona llevaría a sus recomendados, con el objetivo de alcanzar 350 mil votos en Morelos.

Por este tema, el PAN presentó una denuncia penal contra funcionarios y legisladores de Morena. Se les acusó de crear un sistema de control político basado en la gestión de medios, datos personales y acceso a territorio mediante la estructura de Morena, para favorecer a sus operadores y garantizar la elección judicial.

La denuncia expone a Alfonso Ramírez Cuéllar como presunto administrador de esta plataforma, que fue replicada en diversos estados, incluyendo Chihuahua, Puebla, Estado de México, Morelos y la Ciudad de México.

Entre Siervos de la Nación y hombres armados

La organización Justicia Común presentó una denuncia ante el INE (folio UT/SCG/PEF/JMGM/CCG/173/2025) contra Morena, su Consejo Nacional, la secretaria de Bienestar, Adriana Montiel Reyes; los Servidores de la Nación, el sindicato de la Universidad Tecnológica de Morelia, y el alcalde de Oaxaca de Juárez, Raymundo Chagoya Villanueva, por presuntas violaciones a la equidad electoral.

Se les acusó de utilizar recursos públicos para promover candidaturas judiciales afines a Morena, mediante la distribución de propaganda personalizada, “acordeones” con instrucciones de voto, boletas simuladas, visitas domiciliarias y dádivas a cambio del voto, principalmente en Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México.

La denuncia también va dirigida contra cualquier persona o entidad involucrada en estos hechos, por intervenir en un proceso extraordinario no partidista, afectando la legalidad y equidad del proceso electoral.

Este señalamiento refleja una situación que se repitió en distintos puntos del país y que fue denunciada por ciudadanos y actores sociales en redes sociales durante los últimos días previos a la elección.

Proceso accedió a varios testimonios en Puebla, Sonora, Nuevo León, Querétaro, Tabasco, Veracruz y Ciudad de México que apuntan directamente a la intervención de la Secretaría de Bienestar, la cual habría utilizado el padrón de beneficiarios de programas sociales para llevar propaganda electoral hasta los domicilios –e incluso en la vía pública– vía los llamados “Servidores de la Nación o Siervos de la Nación”. 

Se trata de acordeones con formato similar a las boletas, que presentaban los colores de los cargos a elegir el 1 de junio, pero marcados con los números de los candidatos respaldados por la 4T.

En San Pablito, Sierra Norte de Puebla, una mujer relató que personal de Bienestar llegó unas semanas antes del domingo 1 con hojas tamaño carta que incluían recuadros de colores (morado, azul, verde agua, salmón, rojo y amarillo) y números específicos. 

“Nos dijeron que eran para la elección judicial, que sacáramos copias y lleváramos esa hoja el día de la votación, sólo copiando los números”, contó.

Le pareció sospechoso porque un candidato que había visitado el pueblo no figuraba en el acordeón. Al preguntar, le dijeron que esos números representaban a los candidatos que apoya Morena, y que si no votaban así, perderían sus pensiones y apoyos para madres trabajadoras. “Ya les dije a mis familiares que mejor votemos por otros, aunque nos quiten el apoyo”.

En Veracruz, donde también se realizaron elecciones municipales y judiciales, una mujer denunció presiones tanto del aparato estatal como de grupos armados. 

“Desde Bienestar llegan con sus uniformes y los acordeones con los números de los candidatos que apoyan ‘la presidenta’ o Morena, y piden votar conforme al listado. También exigen evidencia del voto porque harán listas, y quien no vote así perderá su apoyo”, narró. Asegura que esto ocurre en la Huasteca Veracruzana y en Ixhuatlán de Madero.

Además, dijo que en Zontecomatlán de López y Fuentes, autoridades municipales lleagron, incluso, con hombres armados para obligar a votar por los candidatos de Morena, bajo amenaza de retirar todos los apoyos sociales.

En la Ciudad de México, en la delegación Iztacalco, una pareja de adultos mayores fue abordada por personas (identificadas como Siervos de la Nación) que les entregaron un acordeón con los “candidatos que apoya el gobierno para el Poder Judicial”, explicándoles cómo usarlo en las urnas. Según Verónica Castillo, amiga de la pareja, el operativo cubrió toda la delegación.

Defensa del voto por mil pesos

En el Estado de México y Morelos el operativo electoral fue dirigido por los gobiernos estatal y municipal. La orden llegó “desde los niveles más altos”: casi toda la plantilla fue movilizada para garantizar la participación. Se pidió a empleados recabar datos personales y foto de la credencial del INE de familiares, amigos y conocidos, como muestra de confianza y solidaridad.

En algunos casos esos datos se entregaron a un tercero para registrarlos en una plataforma; en otros, los mismos empleados los ingresaron, incluyendo municipio, colonia, nombre, edad, sexo y fotografía.

Se activó una red de “defensores del voto”, propuestos por trabajadores a cambio de apoyos de entre mil y mil 500 pesos. Estos defensores operaron durante la jornada electoral, vigilando, movilizando votantes y confirmando asistencia, tras capacitarse.

Algunos empleados de confianza fueron asignados a un “call center” improvisado en oficinas públicas, con teléfonos y listas para confirmar la participación de defensores, enviar instrucciones y coordinar la entrega del apoyo económico, indicando dónde recogerlo.

En el Estado de México un militante de base de Morena declaró: “No soy tapadera de nadie, y hay muchas cosas mal en Morena”. Describió un operativo conjunto entre Bienestar y el gobierno estatal para coordinar entrega de “acordeones” y registro de votantes. En municipios afines se organizaron encuentros para fomentar el voto y repartir acordeones con el mensaje de que, quien no apoyara el domingo 1, no será apoyado.

En Temascalapa “todos los trabajadores del municipio recibieron orden de entregar datos de posibles votantes y garantizar la entrega de acordeones en reuniones y chats de WhatsApp. Quienes se negaron fueron despedidos”, dijo la fuente.

En Morelos, la operación fue “descarada”, denuncia una empleada y militante de Morena en la región oriente. Relató que convocaron a todo el personal de la Secretaría de Gobierno y la Jefatura de Gubernatura a una “Asamblea Informativa de Promoción del Voto” en la Unidad Los Belenes, con carácter obligatorio. Asistieron la presidenta estatal de Morena, Mirsa Berenice Suárez Maldonado; el diputado local Rafael Reyes y el subsecretario de Gobierno, Miguel Ángel Peláez.

Después, en cada dependencia funcionarios de primer nivel reunieron a su personal para informarles que debían apoyar el proceso electoral. Se les pidió un número de votantes (entre 10 y más de 50, según el área) que debían garantizar que acudieran a las urnas el 1 de junio. 

En Zacatepec el alcalde organizó reuniones obligatorias para presentar a candidatos respaldados por Morena, solicitando a los asistentes votar por ellos. El edil José Luis Maya Torres fue evidenciado en redes sociales apoyando a Roberto Soto Castor, candidato a Magistrado de Circuito, incluido en el llamado “acordeón” y vinculado a Graco Ramírez, exgobernador de Morelos.

Un grupo de trabajadores del estado denuncia que: el hecho de “que Soto aparezca en esos acordeones indica un posible pacto entre Morena y partidos de oposición, o fuertes intereses políticos. Lo mismo sucede con Maricela Velázquez, candidata a magistrada de Circuito, quien mantiene vínculos con las cúpulas nacionales del PRI, e Ixel Mendoza Aragón, actual magistrada electoral estatal y candidata a magistrada de la Sala Regional del TEPJF, relacionada desde hace años con el PRI y, recientemente, con líderes de Morena a escala estatal y nacional”.

Para cerrar la pinza y asegurar la participación y el apoyo de trabajadores y aliados de Morena, se implementaron distintas estrategias. En algunos estados se envió un código para que trabajadores y ciudadanos comprometidos con la 4T se registraran y enviaran evidencia de su voto. Al ingresar al enlace, apareció la leyenda: “Registro de participación en el evento del 1° de junio de 2025”, seguida de la instrucción: “Por favor complete la información solicitada y envíe su evidencia”. Luego se solicitaron datos como apellido paterno, materno, nombre(s), una fotografía adjunta y se incluyó un botón para enviar. Al concluir el proceso, aparecía un mensaje de agradecimiento junto con la imagen de un sobre.

En otras entidades, como Morelos y el Estado de México, a trabajadores del gobierno estatal y municipal se les pidió enviar por WhatsApp a sus superiores una fotografía del dedo marcado con tinta indeleble, como prueba de haber votado y de su compromiso con la 4T.

Pagos y favoritismos desde el gobierno

Durante la última semana de mayo comenzó a circular un enlace del sitio Poder Judicial 4T (https://poderj4t.org/morelos.html). En su página principal aparece la leyenda: “¿Eres de la 4T?”, seguida de la invitación: “Conoce aquí cómo votar en la elección del Poder Judicial el próximo 1º de junio”.

A continuación, se indicaba: “Descarga, imprime, recorta y lleva tu información para facilitar tu voto”. Posteriormente se agrega: “Da clic en tu estado para descargar la información del voto para quienes apoyamos en la 4T”. 

Aparecieron entonces recuadros con los nombres de los estados de la República. Al hacer clic en cada uno, se desplegó el llamado “acordeón”, que ha circulado ampliamente, y donde se daba mayor énfasis a las candidaturas para la Suprema Corte de Justicia, la Sala Superior del TEPJF y las Salas Regionales.

Por esta liga ya se interpuso una denuncia ante el INE, mediante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, con el número UT/SCG/PE/PEF/CG/185/2025, contra quien resulte responsable, y se solicitó que se adopten las medidas cautelares necesarias.

Un integrante del equipo nacional de Morena, que pidió el anonimato, reveló a Proceso que el llamado “acordeón” –el documento con nombres sugeridos para votaciones– fue operado desde la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Bienestar. Según su testimonio, detrás hay tres factores clave: redes de poder dentro del gobierno y el partido, pagos por inclusión y vínculos personales con ciertos candidatos. La estrategia incluyó también la creación y distribución de una liga digital con versiones estatales del documento, replicada en chats institucionales.

“El escándalo no es el acordeón en sí –que ya de por sí es grave–, sino cómo lo hicieron”, dijo. “Hay redes de poder dentro y fuera del partido. Grupos instalados ahí”.

Gobernación y Bienestar definieron el contenido, coordinaron la impresión de millones de ejemplares y ordenaron su difusión por canales del programa Bienestar y estructuras territoriales. La instrucción fue bajarlo al personal operativo con el mensaje de que tenía el respaldo “de arriba”, aunque la fuente aclara que se trató de una decisión conjunta entre ambas dependencias.

Les cobraron a los candidatos -señaló- para aparecer, a través de Construyendo Justicia.

El caso más evidente es el de Arístides Rodrigo Guerrero García, con vínculos previos con personal de ambas secretarías desde su paso por el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Fue visto en reuniones, eventos públicos y presentado ante medios.

También fue promovido Giovanni Azael Figueroa Mejía, sin trayectoria reconocida en Morena. “Ninguno es de Morena: uno fue priista y el otro ni siquiera hizo campaña; la gente ni lo conoce”.

Aunque hay desacuerdo dentro del partido, la operación fue impulsada desde Gobernación y Bienestar. La liga digital, elaborada desde estas dependencias circuló particularmente en las horas previas a la elección por chats ligados a Morena, para asegurar una votación alineada en todo el país.

 

Denuncia ante la OEA

Durante un encuentro con observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), el candidato Carlos Enrique Odriozola Mariscal y otros aspirantes independientes denunciaron la falta de equidad y diversas irregularidades en el proceso electoral actual.

En la reunión, que contó con la participación de alrededor de diez candidatos, se coincidió en que “ha habido inequidad en la campaña, no ha existido financiamiento público equitativo y no se ha garantizado el derecho al voto en igualdad de condiciones”.

Odriozola destacó que ministras en funciones, como Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz, “tienen acceso a auditorios repletos de gente, lo que genera una desventaja evidente”.

El candidato explicó que presentó denuncias formales ante el INE por “uso indebido de pauta” en redes sociales, dirigidas contra dichas ministras, donde “hay una pauta a favor, no en sus cuentas personales, pero sí en espacios donde claramente están siendo beneficiadas”.

Además, alertó sobre la distribución de “acordeones”, listas de preferencias para votar que, dijo, son promovidas por “grupos políticos –si no partidos, cuando menos grupos organizados– en favor de ciertos candidatos”, lo que “aparentemente también constituye una violación a las leyes electorales”. Aunque se han hecho denuncias públicas sobre vínculos con el gobierno de la Ciudad de México y Morena, Odriozola aclaró que “son acusaciones que, en mi caso, no puedo afirmar porque no me constan”.

Advirtió: “Si el resultado no coincide con el comportamiento de las redes sociales o con las encuestas serias, se va a notar algo irregular”. Y concluyó: “No creo que sea una dictadura, pero si los resultados se dan conforme a lo que indican los acordeones, estamos hablando de una simulación”.

Información de: www.proceso.com.mx