MARTA EUGENIA DÁVILA GARCÍA
Por la pertinencia y su certero análisis, retomo aquí en este espacio, el Informe “Caos y Crueldad: 10 graves ataques a los derechos humanos” elaborado y presentado al mundo por Amnistía Internacional, al cumplirse los primeros 100 días del mandato Trumpista.
Amnistía Internacional puso de relieve la crisis de derechos humanos impulsada por las prácticas autoritarias, las políticas discriminatorias y racistas y la peligrosa retórica de la administración del principal habitante de la Casa Blanca.
Fueron una constante los ataques del presidente Trump contra los derechos humanos nacionales e internacionales en sus primeros 100 días de gobierno. Desde reprimir la disidencia a poner en el punto de mira a los inmigrantes, pasando por retirarse de organismos multilaterales que protegen los derechos humanos en todo el mundo; la administración Trump ha estado erosionando sistemáticamente las salvaguardias de derechos humanos, fomentando un clima de miedo y división y socavando el Estado de Derecho.
Paul O’Brien, director ejecutivo de Amnistía Internacional en Estados Unidos afirmó que “En los primeros 100 días de su segundo mandato, el presidente Trump ha gobernado con crueldad y ha sembrado el caos, creando una emergencia de derechos humanos que ha afectado a millones de personas al reprimir la disidencia y erosionar normas e instituciones esenciales para la protección de los derechos humanos”.
Dijo que la administración Trump ha adoptado plenamente tácticas autoritarias que suelen asociarse a dirigentes represivos para silenciar y castigar a quienes estén en desacuerdo con él, al tiempo que ha utilizado el gobierno como arma contra personas e instituciones, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, para afianzar su propio poder y llevar adelante su agenda antiderechos.
Las políticas de la administración Trump en sus primeros 100 días ya han tenido consecuencias devastadoras sobre las vidas de personas, tanto en Estados Unidos, como en otras partes del mundo:
- Acabar con los procedimientos de asilo y poner en el punto de mira a los inmigrantes: Las deportaciones masivas, las desapariciones forzadas invocando la Ley de enemigos Extran-jeros, las separaciones de familias y las duras restricciones del derecho de asilo han violado el derecho internacional. Estas medidas han destrozado comunidades.
- Atacar la libertad de expresión y el derecho a protestar: La represión de las protestas estu-diantiles, en especial las que apoyan los derechos de la población palestina, ha amenazado los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Los ataques se han dirigido especialmente contra estudiantes que no tienen ciudadanía estadounidense, a quienes se ha amenazado con la detención y la deportación.
- Menoscabo del Estado de derecho: Incum-plimiento de órdenes judiciales, amenazas de des-titución de jueces, ataques a abogados y bufetes, abuso del poder ejecutivo y erosión de los controles y contrapesos entre los poderes del Estado.
- Menoscabo de la libertad de prensa Ataques a periodistas, demandas contra medios de comu-nicación, retirada de la financiación que apoya a la prensa libre en todo el mundo y uso abusivo de su facultad reguladora a través de la Comisión Federal de Comunicaciones.
- Ataque a los derechos de las mujeres y las comunidades LGBTQIA+: Políticas y órdenes ejecutivas contrarias a los derechos trans han contribuido a crear un peligroso clima de discriminación e indican un intento de borrar la existencia de las personas transgénero en virtud de la ley. También se han tomado medidas para debilitar las garantías en materia de derechos sexuales y reproductivos para todas las personas, particularmente el derecho al aborto de las mujeres.
- Marginación de las comunidades negras y otras comunidades racializadas: La suspensión forzosa de los programas de apoyo a la Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) y las amenazas de retirar la financiación a universidades que apoyan la igualdad racial son un ataque frontal a la justicia racial.
Los ataques del presidente Trump a los derechos humanos se solapan y se agravan. Cientos de estudiantes universitarios amenazados con ser deportados. Un ejemplo emblemático de la actuación racista, la represión y el desprecio por los derechos humanos de la administración Trump es el caso de Mahmoud Khalil, estudiante palestino con residencia permanente legal en Estados Unidos, que fue detenido y sometido a procedimientos de deportación por participar en protestas pacíficas en la Universidad de Columbia.
“El caso de Mahmoud Khalil transmite un mensaje intimidatorio: si defiendes los derechos humanos te pondrán en el punto de mira, te castigarán y no tendrás garantías procesales —declaró O’Brien— se trata de una perspectiva aterradora, no sólo para estudiantes, no sólo para inmigrantes, sino para cualquiera. El efecto acumulativo de las acciones de la administración Trump, equivale a un ataque radical a los derechos humanos y los sistemas que los sustentan. Desde esta perspectiva, el daño y la devastación que han producido sus primeros 100 días es innegable”.
La caótica y cruel agenda del presidente Trump también está minando los derechos de personas en todo el mundo, creando una inestabilidad y una incertidumbre que dañan la protección y la seguridad de las personas no sólo fuera, sino también dentro de Estados Unidos, y socava su prosperidad.
Entre las principales acciones: el repentino desmantelamiento de la ayuda exterior estadounidense, la retirada de los organismos multilaterales que protegen los derechos humanos en el mundo, el abandono de los esfuerzos por mitigar los daños de la población civil y la destrucción de los controles sobre rendición de cuentas de las empresas.
El peligroso estado de los derechos humanos en Estados Unidos se produce en un momento en el que las prácticas autoritarias se han incrementado en todo el mundo.
“Estamos presenciando una alarmante escalada de represión patrocinada por los Estados, así como el abandono del Estado de derecho y las normas de derechos humanos en todo el mundo. Somos la mayor organización de derechos humanos de base del mundo, y nos estamos movilizando para proteger el espacio de la sociedad civil y oponernos a las prácticas autoritarias y generar poder popular a largo plazo”, afirmó Erika Guevara-Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.
Los derechos humanos no deben ser un peón en el ajedrez político. Los líderes y lideresas mundiales deben rechazar y denunciar las prácticas autoritarias que violan los derechos humanos y tomar medidas para abordar su impacto dondequiera que se produzcan, incluido Estados Unidos.