Luego de lanzar un ultimátum a Grupo Proyecta —desarrollador inmobiliario de Lomas de Angelópolis— para donar dos hectáreas al gobierno estatal en un plazo de 30 días o enfrentar una expropiación, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, dio marcha atrás y aseguró que “igual y ya no ocupan los terrenos”.
Durante un encuentro con medios la mañana de este domingo 13 de abril, tras encabezar un evento comunitario en la capital poblana, el mandatario morenista afirmó que su gobierno no expropiará a nadie, criticando la postura asumida por Grupo Proyecta.
“No le vamos a expropiar a nadie. Se espantan con el primer mensaje que se les da, cuando lo que deberían hacer es ser generosos con el estado que los ha enriquecido”, expresó.
Pese al tono conciliador, Armenta reiteró su exhorto al grupo inmobiliario para apoyar a la ciudadanía, e instó a dejar de lado “la mezquindad” y sumarse al proyecto de construcción de viviendas para policías.
“¿Qué les ofende? ¿Qué les lastima? ¿Un elemento que protege la vida de los demás no puede tener una vivienda en Lomas? ¿Solo los ricos pueden están en Lomas? Hago un llamado a la dignidad, a desprenderse de la mezquindad de los que se han enriquecido a la par de quitarle a los campesinos sus tierras”, cuestionó.
En ese contexto, y sin ofrecer mayores detalles, el gobernador señaló que otros empresarios ya han respondido positivamente a su llamado. Como ejemplo, anunció que Grupo Haras donó un polígono para levantar 100 viviendas destinadas a elementos de seguridad.
¿Cuál es el conflicto entre el gobernador de Puebla y Grupo Proyecta en Lomas de Angelópolis?
Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, lanzó un ultimátum a Grupo Proyecta, el desarrollador inmobiliario de Lomas de Angelópolis, dándoles un plazo de 30 días para donar dos hectáreas al gobierno estatal; de lo contrario, se procederá con la expropiación de cuatro. Por su parte, el sector empresarial del estado llamó a privilegiar el diálogo y actuar con pleno apego al marco legal.
“Yo estoy seguro de que estamos haciendo lo correcto porque estamos del lado de la población”, justificó el gobernador morenista la mañana del 11 de abril, en referencia a la solicitud de los predios, destinados a la construcción de viviendas para elementos policiacos dentro del programa federal Vivienda del Bienestar, que busca ofrecer soluciones habitacionales de bajo costo a familias sin acceso a créditos tradicionales.
El objetivo del proyecto es edificar un millón de viviendas en 2025, de las cuales 2,541 se ubicarán en el estado de Puebla.
Contexto: ¿en qué se sustenta la exigencia de Armenta?
Armenta Mier precisó que la petición no se limitará a Lomas de Angelópolis y que replicará el modelo en otras zonas, como Haras, cercana al Parque Estatal Flor del Bosque, con el fin de beneficiar a 14,500 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.
El mandatario afirmó que su gobierno no está en contra del sector empresarial, y recordó que Lomas de Angelópolis —una de las zonas con mayor plusvalía del país— se construyó en terrenos que fueron expropiados ilegalmente a campesinos en 1992, durante el sexenio de Mariano Piña Olaya como gobernador de Puebla.
Subrayó que los campesinos recibieron “centavos” por tierras que hoy valen millones de pesos tras el desarrollo de los fraccionamientos.
Los vínculos políticos de Grupo Proyecta
Grupo Proyecta ha sido vinculado con distintos grupos políticos en Puebla. Recientemente, se le relacionó con Ignacio Mier Velazco, primo y rival político de Alejandro Armenta, quien perdió frente a él la contienda interna de Morena por la candidatura al gobierno estatal.
También se ha señalado la cercanía de Gabriel y Rafael Posada Cueto con el exgobernador panista Rafael Moreno Valle, así como con el priista Mariano Piña Olaya. Este último es padre de Juan Pablo Piña Kurczyn, quien está casado con la hija de Rafael Posada.
Actualmente, el director general de Grupo Proyecta es Pedro Aspe Bernal, hijo de Pedro Aspe Armella, quien fue secretario de Hacienda durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Coparmex Puebla hace llamado al diálogo
El Centro Empresarial de Puebla, afiliado a Coparmex, fijó postura ante el ultimátum de expropiación lanzado por el gobernador Alejandro Armenta a Grupo Proyecta. Si bien reconoció la importancia de garantizar condiciones dignas para los elementos de seguridad pública —como las viviendas planteadas dentro del programa federal Vivienda del Bienestar—, la organización empresarial subrayó que cualquier medida de expropiación debe regirse estrictamente por el marco legal.
Coparmex Puebla recordó que la expropiación es un derecho constitucional válido siempre que responda a una causa de utilidad pública, como lo es la seguridad. Sin embargo, advirtió que no basta con una declaración oficial: el procedimiento debe cumplir con los requisitos establecidos por la ley. En este sentido, hizo un llamado a priorizar el diálogo entre autoridades y empresas, en el marco de una gobernanza compartida que genere confianza social.
Además, la organización enfatizó que es fundamental fortalecer el Estado de Derecho para brindar certidumbre jurídica y así atraer inversión, particularmente en sectores estratégicos como el inmobiliario. Afirmó que cualquier acción que ponga en riesgo el principio de legalidad afecta directamente la percepción de confianza en Puebla como destino de inversión.
Finalmente, Coparmex reiteró su compromiso con un modelo de desarrollo inclusivo, que apueste por la justicia social sin vulnerar las bases legales del país.
Reubicación de la caseta y solicitud de predios
Lomas de Angelópolis es un desarrollo inmobiliario construido por Grupo Proyecta, propiedad de la familia Posada Cueto, que abarca los municipios de Puebla, San Andrés Cholula y Ocoyucan.
Con una extensión de más de mil hectáreas, está dividido en tres secciones que albergan alrededor de 25,000 viviendas de lujo, además de centros comerciales, parques y zonas de servicios.
Uno de los principales problemas del fraccionamiento es su limitada conectividad, ya que solo cuenta con dos vialidades principales que lo enlazan con Puebla y Cholula: el Periférico Ecológico y la Vía Atlixcáyotl, que se convierte en la autopista Puebla-Atlixco.
Esto ha generado un “cuello de botella” que provoca largos congestionamientos viales en horas pico. En 2024, durante el último año de gobierno de Sergio Salomón, se realizaron obras en ambas vialidades con una inversión de 620 millones de pesos para reducir los tiempos de traslado.
Como parte de estas mejoras, se construyeron puentes vehiculares y se eliminaron semáforos, lo que generó protestas de estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en el Complejo Cultural Universitario (CCU), quienes exigieron la reinstalación de pasos a nivel de calle, al considerar que las obras beneficiaban solo a los automovilistas.
Otra medida para mitigar el tráfico fue la reubicación de la caseta de la autopista Puebla-Atlixco, actualmente en medio de la zona urbanizada.
El gobernador Armenta afirmó que la reubicación, junto con las obras complementarias como un puente peatonal, favorecerá a los habitantes de Lomas de Angelópolis y aumentará el valor de sus propiedades.
Agregó que, tras negociar la reubicación con Pinfra —empresa concesionaria de la autopista hasta 2072—, se acercó a Grupo Proyecta para solicitar la donación de dos hectáreas. Según Armenta, la respuesta fue: “Sí, pero cuestan en dólares los metros cuadrados”.
El anuncio de la reubicación generó la oposición de ejidatarios de Santa Clara Ocoyucan, cuyas tierras colindan con el desarrollo, quienes interpusieron un amparo a través de su Comisariado Ejidal.
Durante su conferencia del 10 de abril, el gobernador pidió a los ejidatarios reconsiderar su postura y retirar el amparo.
El 11 de abril, José Luis García Parra, jefe de Gabinete estatal, informó que el tema de la cesión de las hectáreas será tratado en los próximos días, una vez definida la nueva ubicación de la caseta.
Lomas de Angelópolis y la historia de despojos
La Ley de Expropiación para el Estado de Puebla, promulgada en 2008 y reformada en 2014, establece en su Artículo 2, inciso XV, que la expropiación es procedente en casos de utilidad pública como: “La construcción o ampliación de unidades habitacionales de interés social, destinadas a ser transmitidas en propiedad mediante enajenación gratuita u onerosa, conforme a la legislación civil”.
Los terrenos donde hoy se asienta Lomas de Angelópolis fueron expropiados durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, bajo el gobierno estatal del priísta Mariano Piña Olaya.
Según documentó el periodista Fermín Alejandro García en La Jornada de Oriente, en 1991 se autorizó la expropiación de 1,084 hectáreas de los ejidos de San Bernardino Tlaxcalancingo, La Trinidad Chautenco, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, como parte de un programa de reordenamiento urbano para la ciudad de Puebla.
Casi un año después comenzaron los pagos de indemnización, aunque muchos ejidatarios se ampararon denunciando que fueron despojados a la fuerza.
En junio de 1992, el Congreso local aprobó una reforma que permitía al gobierno estatal vender, donar o transmitir los terrenos expropiados.
Algunos de los beneficiarios de estos terrenos fueron Rafael Posada Cueto, el entonces secretario de Economía Salvador Cué Silva, y Kamel Nacif, conocido como el “Rey de la mezclilla” e implicado en el caso de tortura a la periodista Lydia Cacho durante el sexenio de Mario Marín Torres.
Con el paso de los años, Lomas de Angelópolis se ha expandido hasta su tercera sección, denominada City Lomas Ocoyucan, ubicada en el municipio del mismo nombre, controlado desde hace años por la organización Antorcha Campesina.
En esta zona, Grupo Proyecta ha enfrentado la resistencia de campesinos del ejido de Santa María Malacatepec, quienes se han negado a vender sus tierras. Uno de ellos, Emiliano Zambrano Aguilar, fue imputado por abuso sexual en 2024 por la Fiscalía General del Estado (FGE), según documentó La Silla Rota.
Tras su detención, sus familiares denunciaron motivaciones políticas debido a su negativa de ceder terrenos para el proyecto City Lomas Ocoyucan.
Los ejidatarios acusan que los empresarios compran tierras a precios muy por debajo del valor real de mercado y que instalan barreras, como bardas, que dificultan el libre tránsito de quienes se oponen a vender.
En Santa María Malacatepec, por ejemplo, los habitantes deben subir un cerro por un camino de terracería sin iluminación para poder desplazarse.
En febrero de 2016, Grupo Proyecta pagó 10 millones de pesos por 245 hectáreas de tierras comunales al comisariado ejidal de Santa María Malacatepec, equivalente a cuatro pesos por metro cuadrado, en una zona donde las residencias se cotizan entre dos y 30 millones de pesos.
En febrero de 2018, Emiliano Zambrano fue detenido por primera vez, acusado de extorsionar al comisario ejidal David Saavedra López. Al no comprobarse el delito, fue liberado nueve meses después, aunque permaneció vinculado a proceso por tres años.
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En 2022, el Campamento por la Defensa de la Tierra y el Agua en Santa María Malacatepec denunció que Grupo Proyecta taló más de mil árboles en los cerros La Sombra e Itzamatl, pese a que Semarnat les negó el cambio de uso de suelo forestal.
Información de: La Silla Rota.
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