Autoridades mexicanas que omitieron su función en el caso del campo de exterminio localizado en un rancho de Teuchitlán, Jalisco, es un delito, consideró Ana María Kudisch Castelló, presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C.

En entrevista con Aristegui en Vivo, mencionó que este tipo de situaciones se han venido dando en el país desde hace muchísimos años. Puso el ejemplo la masacre de 78 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010.

“Estamos presenciando una desaparición forzada. La desaparición forzada es cuando una persona es desaparecida por autoridades o por particulares con el consentimiento del Estado. Esto es algo que viene sucediendo en nuestro país desde hace muchísimos años”, mencionó, al tiempo que consideró que lo ocurrido en Teuchitlán puede darle a la presidenta Claudia Sheinbaum “la oportunidad de zanjar este tipo de conductas, situaciones delictivas y desapariciones forzadas de una vez por todas”.

En ese sentido, apuntó que “la violencia en nuestro país ya es extrema”, por lo que esta clase de hallazgos deben sacudir al Estado y a todos los gobiernos, desde el ámbito federal, hasta el estatal y municipal. “No importa quién esté gobernando, pero es necesario que se tomen cartas en el asunto. Si no se zanjan estas situaciones, no va a cesar la violencia que estamos viviendo”.

Kudisch señaló que desde 2023 se han hallado una serie de fosas clandestinas de las que ya ni siquiera se lleva la cuenta, por lo que es un problema que se estén normalizando estos hallazgos. “Todo el tiempo escuchamos que se encuentran fosas clandestinas en todas partes y no estamos dimensionando que esta desaparición forzada es una situación de violencia, donde a las personas se les somete y se les mata. Los obligan a matarse entre sí. Les dicen que los van a reclutar para trabajar para ellos y al final acaban matándolos a todos”.

“Él fue quien describió cómo los obligaban a matarse entre sí. Este tipo de masacres es absolutamente inaceptable. Es una situación que ya es literalmente de sociopatía, ¿no?”, señaló.

Además, recordó que uno de los detenidos por la masacre de San Fernando, en Tamaulipas, Martín Omar Estrada de Luna, alias ‘El Kilo’, recibió una condena de 73 años de prisión el pasado enero

Enfatizó la abogada que la omisión por parte de las autoridades es un delito: “El omitir perseguir estos delitos, que además sabemos que es un reclutamiento forzado, un sometimiento, la captación de personas y la tortura, es inaceptable. El omitirlo es un delito. Además, las madres buscadoras también las han matado y no tienen medidas de protección. Estas madres buscadoras son las que finalmente hacen una serie de hallazgos que deberían ser realizados por la propia autoridad. ¿Cómo es posible que este rancho haya estado resguardado durante más de cinco meses y nadie se había dado cuenta?”.

Fuente: Aristegui Noticias.