La violencia que día a día crece en contra de funcionarios estatales y municipales por parte del crimen organizado ha provocado que cada vez más autoridades pidan auxilio de las fuerzas federales o recurran a leyes para solicitar protección personal.

Y es que en México, 439 servidores públicos locales cuentan con escoltas y un dispositivo de seguridad pagado con dinero del erario, de acuerdo con información obtenida por Latinus a través de solicitudes de transparencia enviadas a más de 60 corporaciones de seguridad.

En las últimas dos décadas, la violencia en contra de autoridades locales llegó a niveles récord. Tan sólo el año pasado, 40 funcionarios elegidos mediante el voto, como es el caso de los alcaldes, fueron asesinados, de acuerdo con la organización Data Cívica.

Información de latinus.us