Cancelaron las autoridades este viernes la operación para detener al presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, acción con lo que pretendían interrogarlo sobre la ley marcial que decretó en diciembre, debido a la obstrucción de su servicio de seguridad en su residencia en Seúl.

El vocero de la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO, por sus siglas en inglés) informó a medios que la operación se canceló hacia la 1:30 de la tarde hora local (4.30 GMT), después de que 20 agentes de este organismo y 80 policías se encararan durante tres o cuatro horas con el servicio de seguridad presidencial, que se ha negado a facilitar el acceso al interior de la vivienda.

Pese a que no se realizó ninguna detención, se ha citado a declarar mañana al jefe del servicio de seguridad presidencial, Park Jong-joon, por un posible delito de obstrucción de labores oficiales.

“En cuanto a la ejecución de la orden de arresto hoy, ante el punto muerto persistente, hemos determinado que era virtualmente imposible ejecutar la orden y estábamos preocupados por la seguridad de las personas sobre el terreno debido a la obstrucción para ejecutarla”, explicó el portavoz del CIO en declaraciones que recoge la agencia Yonhap.

El portavoz explicó que se estudiarán ahora otras medidas y añadió que lamentan “profundamente la actitud del sospechoso, que no acató los procedimientos legales”.

Tras superar un primer control militar en el perímetro del recinto, el equipo de agentes del CIO y policía se encararon con el servicio de seguridad presidencial, que se negó a aceptar como válidas las órdenes de arresto temporal y registro obtenidas el martes después de que Yoon ignorara tres citaciones para declarar en relación a su decisión de decretar la ley marcial el pasado 3 de diciembre.

Despliegan a 2 mil 700 policías

La policía ha desplegado un nutrido contingente que incluye 2 mil 700 agentes sobre el terreno en las cercanías de la residencia presidencial, situada en el barrio de Hannam en Seúl, para evitar altercados.

No obstante, representantes sindicales han convocado una protesta a favor del arresto de Yoon en la zona, lo que incrementa el temor a que se produzcan choques.

Los abogados de Yoon han solicitado una orden judicial para anular la orden de detención, argumentando que sólo la fiscalía puede solicitar un arresto por un supuesto delito de insurrección, el único al que no es inmune un presidente surcoreano.

En caso de que puedan arrestarlo, el equipo conjunto formado por el CIO, la policía y el Ministerio de Defensa Nacional dispone de 48 horas para interrogar a Yoon e incluso solicitar una orden para prolongar la detención si lo cree necesario.

Yoon, al que se ha prohibido salir del país, fue sustituido por el Parlamento el pasado 14 de diciembre y está  a la espera de que el Tribunal Constitucional decida de aquí a junio si lo restituye o lo cesa definitivamente.